Crisistunistas

No es un secreto para nadie que la economía en estos últimos años no atraviesa sus mejores momentos. Según dicen, cosa de la economía mundial, y de lo peor que ha pasado desde, según dicen los entendidos, desde 1929. Que no hay dinero, dicen.

Esta situación podríamos analizarla desde diversos puntos de vista. Podríamos entrar, en primer lugar en por qué no hay dinero. Yendo un poco más allá, descubriríamos que el dinero en sí no desaparece normalmente -y parece que no ha sido el caso- y que lo tiene, efectivamente, alguien. Pero, en el día a día, lo que parece más urgente, de momento, es que todo el dinero que tengamos hay que meterlo debajo del colchón, o gastarlo con cabeza, porque lo que está claro es que hay poco.

Esta situación, como es sabido -y experimentado, seguramente- por muchos de los lectores, no les afecta individualmente a ellos sólo, ni a sus familias o empresas, sino que el problema se extiende también a las diversas administraciones, desde ayuntamientos hasta la Administración General del Estado. Como consecuencias previsibles, pueden entenderse ciertos recortes: racionalización de los gastos corrientes de la administración (fusión de empresas públicas, supresión de cargos de libre designación, coches oficiales), reducción de gastos (disminución de las ofertas de empleo público, reestructuración de puestos) y aumento de los impuestos, unos más y otros menos.

Todas estas medidas pueden ser más o menos discutibles, pero se pueden entender como repercusiones lógicas de los vaivenes de la economía en general y de la pública en particular. Sin embargo, hay propuestas que implican más cosas. En particular, he sabido de varias que implican, además de ajustes, modificaciones en la estructura del Estado mismo. Modificaciones que no voy a juzgar ligeras en cuanto al fondo, sino en cuanto a las formas. Concretamente, en cuándo han sido formuladas, o reformuladas, con más fuerza, o ante más medios de comunicación, o han pasado de ser propuestas de minorías sin voz a ser abanderadas por los mayores poderes fácticos o políticos.

Algunas de estas propuestas son:
1. Fusión de ayuntamientos pequeños (aquí, aquí,
aquí también, y aquí, ahí, y ahí).
2. Supresión de las diputaciones (aquí, aquí, ahí y ahí).
3. Supresión del Senado (aquí, ahí, aquí también y aquí).

Estas tres propuestas, de origen más o menos popular, y actualmente ya transmitidas por los medios de comunicación de mayor difusión, empiezan a debatirse a nivel político en estamentos oficiales. Y sin embargo difieren sustancialmente de las mencionadas anteriormente en una cosa: implican la deconstrucción o reestructuración del Estado en su estructura más básica.

Puede que algunas de esas reformas sean adecuadas. Puede que el ahorro logrado fuese considerable. El asunto es que algunas de esas propuestas, especialmente las de origen popular, ahora son acariciadas por empresarios, banqueros y políticos incluso. Y no tengo claro si es por la crisis o porque así tendrán más dinero para ellos (si se diese alguno de esos supuestos, debería reducirse la deuda pública, bajarse los impuestos, aumentar la contratación pública o bien las ayudas sociales, pero sospecho que no ocurriría esto)

Los debates sobre el modelo de Estado deberían ser o siempre o nunca. Se podría argumentar que ahora que es tiempo de crisis es el momento adecuado, pero ya se ha señalado al comienzo que habría muchas otras medidas posibles, antes que éstas. De hecho, el modelo de Estado debe ser ajustado, en primer lugar, a derecho, a las necesidades de la sociedad que se organiza para dar forma a ese Estado y viable económicamente. Pero con crisis, y sin ella.

Parece, en caso contrario, que a lo que nos enfrentamos es al desmantelamiento, dejando rienda suelta a las peticiones populares, convertidas en populistas, del propio Estado, pero no pensando en su eficiencia, ni en aras de que la soberanía del pueblo se haga ley, si no para dejar que el trabajo del Estado pase a empresas o bancos. Entidades con ánimo de lucro económico, no olvidemos nunca, cuyos desmanes provocaron esta crisis.

Y no digo que no haya que premiar el trabajo, el esfuerzo o la actitud emprendedora. Digo, sencillamente, que las agencias de calificación famosas han ganado mucho calificando deudas soberanas desde el inicio de la crisis, pero ahora proponen rebajas y reformas de los Estados que debieran ser propuestas serenamente por sus ciudadanos, sin la presión de la necesidad acuciante de ahorro a cualquier precio.

Actualización 28/08/2011: ahora, también por la crisis y antes que todas las reformas señaladas, parece que se va a reformar la Constitución (como nos dicen por aquí y por ahí), intocable hasta ahora (salvo por una pequeña modificación en 1992) y uno de los pocos puntos de encuentro entre las mayorías políticas del país.